A cinco años del hito del #NiUnaMenos, la violencia de género no baja

Hoy Miércoles 3 de junio se cumple el quinto aniversario de la campaña #NiUnaMenos en Argentina.

Esta iniciativa nació como reacción concreta a la ola de femicidios y registros de violencias hacia las mujeres por el solo hecho de serlo. Ante un Estado y una sociedad de raigambre mayoritariamente patriarcal, las mujeres y las disidencias nos organizamos para reclamar a los gobiernos que tomaran cartas en el asunto, y generen las políticas necesarias para proteger la vida de las mujeres que se estaban perdiendo día a día, a causa del machismo naturalizado de algunos hombres que consideran a estas mujeres como de su propiedad, violentandolas y matandolas.

Así las cosas, los medios masivos de comunicación empezaron a tener en consideración visibilizar las muertes, tratar de entender la injusticia, y aprender a informar mejor sobre estos casos. Se popularizó rápidamente el término “femicidio” como denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista.

Es la máxima expresión de las violencias que se cometen contra las mujeres.

El concepto de femicidio de la Justicia Argentina se refiere a ″La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión».

En nuestro país, no contamos con información clara, oficial y sistematizada sobre los hechos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, una fuente de información precisa es el Registro Nacional de Femicidios de La Justicia Argentina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aquí se recolectan datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres por razones de género.

Congreso #NiUnaMenos

Siendo ésta la única fuente de información pública, aunque con las características propias de un relevo de información judicial que resulta de los propios plazos del poder judicial.

Según este organismo, durante el año 2019 se produjeron 252 muertes de mujeres víctimas directas de femicidios y 16 víctimas letales vinculadas, es decir 268 vidas afectadas por la violencia de género.

Del informe anual también surge que el 90% de las víctimas directas de femicidio tenía un vínculo previo con los sujetos activos: en el 66% de los casos los femicidios fueron cometidos por sujetos activos que mantenían un vínculo de pareja (113 casos) o de ex pareja (66 casos) con las víctimas directas. En el 10% eran familiares y en el 14% tenían otro tipo de vínculo. Solamente un 7% eran personas desconocidas para las víctimas.

La cifra de víctimas letales de la violencia de género en Argentina durante 2018 asciende a 278, y el año anterior se relevaron 251 víctimas directas de femicidios en todo el país. En el 2016 el total de víctimas asciende a 254, en el año anterior el número fue de 235, y en 2014 de 225. Datos aportados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asimismo durante los últimos años también se desarrollaron diferentes observatorios de hechos de violencia hacia la mujer y de femicidios llevados adelante por organizaciones de la sociedad civil, en su mayoría colectivos de mujeres feministas. En casi todos los casos se revelan cifras similares a las de la Corte, aunque utilizando diferentes formas de recolección de datos, pero que no deja de ser alarmante el número total anual de casos y su escandalosa invariabilidad.

Desde el Congreso, visibilizamos el dolor, la bronca y la preocupación que sufrimos las mujeres. Pero también nos ocupamos de generar los instrumentos necesarios y con la celeridad que corresponde, para que el abordaje de la situación tenga elementos que atenúen sus consecuencias.

Durante el 2018, desde la Cámara de Diputados de la Nación sancionamos por unanimidad la “ley Brisa”, por la cual se crea el régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Además, la ley dispone la cobertura integral de salud la  cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica, garantizar en forma prioritaria la atención integral y cumplir un seguimiento y control por parte del Ejecutivo. Esto cobra real trascendencia cuando se analiza por ejemplo, que de los femicidios cometidos durante el 2019, al menos 222 niñas, niños y adolescentes se encontraban a cargo de los cuidados parentales de las víctimas directas de femicidio al momento del hecho.

En este primer semestre del año que estamos transitando, ya se cometieron 135 femicidios, de los cuales 55 sucedieron entre el 20/3 y el 24/5, es decir desde que se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia del Covid-19. De estos casos durante el confinamiento el 84% de los femicidios ocurrió dentro de una vivienda, el 75% ocurrió en la vivienda de la propia víctima, el 68% de los casos fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas, y 1 de cada 4 mujeres habían hecho la denuncia o contaba con una medida judicial, según informa el Observatorio “Ahora Que Si Nos Ven”.

Es así que podemos concluir que la violencia de género no se tomó cuarentena sino que, por el contrario, se desató más que nunca hasta el momento. Por las condiciones de encierro junto a sus potenciales agresores, las mujeres se encuentran más vulnerables a sufrir violencias.

El flamante primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, el 26 de Mayo anunció un nuevo protocolo de actuación para intervenir en los casos de violencias de género en el contexto del aislamiento, es decir, recién a casi dos meses de cuarentena y luego de la muerte de 55 mujeres. Aquí se dispone pertinentemente que, el personal policial tome la declaración en el lugar en el que esté la persona en situación de violencia; la necesidad de apartar al agresor del espacio físico en el que esté la mujer; tomar la denuncia en un ambiente de privacidad que garantice la confidencialidad. Especifican también que se debe priorizar la declaración espontánea de la persona en situación de violencia, sin cuestionar sus dichos. Corresponde felicitar por estas disposiciones, pero también exigir que el Ministerio garantice el cumplimiento de las mismas.

En este quinto aniversario del #NiUnaMenos, es imposible no hacer alusión a las víctimas que el machismo nos quitó. Un lamentable ejemplo, es el de Florencia Magalí Morales, una mamá de dos chicos que fue encontrada muerta dentro de una celda de la comisaría 25 de la localidad de Santa Rosa del Conlara, en San Luis. Los medios informaron que las circunstancias se sucedieron cuando fue detenida porque aparentemente “violó” la cuarentena obligatoria. Florencia había salido en su bicicleta a comprar alimentos para sus hijos. Se le imputaron los delitos de “violar la cuarentena” y se le sumó la imputación de “resistencia a la autoridad y lesiones contra la autoridad policial”. La autopsia revelaría días después que la mujer murió asfixiada. A los policías implicados, solamente se los paso a disponibilidad. A Florencia no la mató su pareja, la mató la violencia institucional que también es machista.

Ya lo dijimos, la violencia machista, la violencia hacia las mujeres no está en cuarentena, es la pandemia que no se ve o no quieren ver. A las mujeres nos siguen matando y es responsabilidad de los gobiernos actuar en consecuencia. También es nuestra responsabilidad construir una sociedad no violenta y más igualitaria.

Ahora que sí nos ven, seguiremos exigiendo justicia por aquellas que nos arrebataron y trabajando, movilizándonos, encontrándonos para que no haya ni una muerta más en la Argentina a causa de la violencia machista.


NOTA DE OPINIÓN FUENTE: DIARIO Norte Online

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